{"id":4940,"date":"2026-05-12T12:27:45","date_gmt":"2026-05-12T10:27:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ocasesores.es\/?p=4940"},"modified":"2026-05-12T12:39:09","modified_gmt":"2026-05-12T10:39:09","slug":"la-aeat-rectifica-un-cambio-de-criterio-aplicado-de-facto-las-entidades-estadounidenses-podran-recuperar-el-iva-soportado-en-espana-presentando-certificado-del-irs-y-resale-certificate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ocasesores.es\/en\/la-aeat-rectifica-un-cambio-de-criterio-aplicado-de-facto-las-entidades-estadounidenses-podran-recuperar-el-iva-soportado-en-espana-presentando-certificado-del-irs-y-resale-certificate\/","title":{"rendered":"La AEAT rectifica un cambio de criterio aplicado de facto: las entidades estadounidenses podr\u00e1n recuperar el IVA soportado en Espa\u00f1a presentando certificado del IRS y Resale Certificate"},"content":{"rendered":"\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\tFrancisco Aguirre\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
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Socio director - Departamento Fiscal<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Informe complementario de la Oficina Nacional de Gesti\u00f3n Tributaria de 28 de abril de 2026 (puede consultarse aqu\u00ed).<\/a><\/em><\/p>

Desde mediados de 2025, los empresarios y profesionales establecidos en los Estados Unidos de Am\u00e9rica asistieron, con creciente preocupaci\u00f3n, a un giro inesperado en la pr\u00e1ctica administrativa espa\u00f1ola: la Agencia Tributaria comenz\u00f3 a denegar de forma sistem\u00e1tica las solicitudes de devoluci\u00f3n del IVA soportado en el territorio de aplicaci\u00f3n del impuesto presentadas por entidades no establecidas en la Uni\u00f3n Europea, al amparo del art\u00edculo 119 bis de la Ley 37\/1992. El argumento esgrimido por la Administraci\u00f3n era que en Estados Unidos no existe un impuesto an\u00e1logo al IVA y que, por tanto, no pod\u00eda cumplirse el requisito documental previsto en el art\u00edculo 31 bis.1.d), apartado 3.\u00ba, del Reglamento del IVA, que exige una certificaci\u00f3n de las autoridades competentes del Estado de establecimiento acreditando que el solicitante realiza actividades empresariales o profesionales sujetas al IVA o a un tributo an\u00e1logo.<\/p>

Lo verdaderamente llamativo de este episodio no fue tanto la posici\u00f3n jur\u00eddica adoptada \u2014discutible en lo material, como veremos\u2014 sino la forma en que se introdujo<\/strong>: sin nota informativa, sin instrucci\u00f3n interna publicada, sin consulta vinculante previa, sin resoluci\u00f3n del Departamento de Gesti\u00f3n que motivase el viraje, sin pronunciamiento del Tribunal Econ\u00f3mico-Administrativo Central que lo fundamentase y, desde luego, sin advertencia al sector. Empresas que durante a\u00f1os hab\u00edan visto admitidas sin objeci\u00f3n sus solicitudes de devoluci\u00f3n se encontraron, de la noche a la ma\u00f1ana, con denegaciones sistem\u00e1ticas amparadas en una interpretaci\u00f3n restrictiva que la Administraci\u00f3n no se hab\u00eda molestado en publicar ni en justificar mediante doctrina. La inseguridad jur\u00eddica generada fue significativa, y el coste financiero \u2014para entidades que asignaban a la devoluci\u00f3n un papel relevante en su flujo de caja espa\u00f1ol\u2014 inmediato.<\/p>

El 28 de abril de 2026<\/strong> la Oficina Nacional de Gesti\u00f3n Tributaria (ONGT), tras solicitar informe a la Direcci\u00f3n General de Tributos, ha emitido un informe complementario que reorienta la posici\u00f3n de la Administraci\u00f3n en t\u00e9rminos sustancialmente m\u00e1s favorables al contribuyente. La rectificaci\u00f3n es bienvenida, pero conviene analizarla sin perder de vista que se produce \u00fanicamente tras la presi\u00f3n t\u00e9cnica del sector profesional \u2014encauzada institucionalmente a trav\u00e9s de la AEDAF\u2014 y despu\u00e9s de varios meses de aplicaci\u00f3n de un criterio que nunca debi\u00f3 adoptarse en los t\u00e9rminos en que se hizo.<\/p>

El marco normativo en juego: art\u00edculo 119 bis LIVA y art\u00edculo 31 bis RIVA<\/h2>

El r\u00e9gimen especial de devoluci\u00f3n del IVA soportado por empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad ni en Canarias, Ceuta o Melilla se regula en el art\u00edculo 119 bis de la Ley 37\/1992<\/a> y desarrolla sus requisitos formales el art\u00edculo 31 bis del Real Decreto 1624\/1992<\/a>. El precepto legal subordina la devoluci\u00f3n, con car\u00e1cter general, al cumplimiento del principio de reciprocidad<\/strong> (ordinal 2.\u00ba del apartado uno), si bien except\u00faa de dicha exigencia, en el ordinal 3.\u00ba, las entregas de bienes y prestaciones de servicios expresamente enumerados en el propio precepto \u2014fundamentalmente, plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados para su utilizaci\u00f3n en la fabricaci\u00f3n de bienes con destino exclusivo a la exportaci\u00f3n, los servicios de acceso, hosteler\u00eda, restauraci\u00f3n y transporte vinculados a la asistencia a ferias, congresos y exposiciones, as\u00ed como los bienes y servicios destinados a la realizaci\u00f3n de operaciones por las que el destinatario sea sujeto pasivo por inversi\u00f3n\u2014.<\/p>

El conflicto se centraba en el ordinal 3.\u00ba de la letra d) del apartado 1 del art\u00edculo 31 bis del Reglamento, que exige acompa\u00f1ar a la solicitud una certificaci\u00f3n expedida por las autoridades competentes del Estado de establecimiento<\/strong> acreditativa de que el solicitante realiza actividades sujetas al IVA o a un tributo an\u00e1logo durante el per\u00edodo al que se refiere la solicitud. La AEAT interpret\u00f3 este requisito en sentido literal y r\u00edgido, equiparando \u00aban\u00e1logo\u00bb con \u00abid\u00e9ntico\u00bb y exigiendo, en consecuencia, una certificaci\u00f3n que en Estados Unidos no existe ni puede existir, dado que el sistema de imposici\u00f3n indirecta estadounidense no se articula sobre un impuesto sobre el valor a\u00f1adido, sino sobre un sales tax<\/em> de \u00e1mbito estatal y configuraci\u00f3n estructural radicalmente distinta.<\/p>

Lo que estaba mal en el criterio aplicado entre julio de 2025 y abril de 2026<\/h2>

Antes de exponer el nuevo criterio, conviene detenerse brevemente en por qu\u00e9 el anterior era jur\u00eddicamente insostenible.<\/p>

Primero<\/strong>, confund\u00eda dos requisitos que la norma trata como aut\u00f3nomos: la reciprocidad<\/strong> (ordinal 2.\u00ba del art. 119 bis Uno) y la acreditaci\u00f3n documental<\/strong> de la condici\u00f3n de empresario o profesional sujeto a un tributo indirecto (art. 31 bis.1.d).3.\u00ba RIVA). La inexistencia de reciprocidad con EEUU es un hecho conocido y admitido \u2014y por eso el legislador previ\u00f3 las excepciones del ordinal 3.\u00ba\u2014, pero ello nada tiene que ver con la forma de probar la condici\u00f3n empresarial del solicitante. La Administraci\u00f3n utilizaba el segundo requisito como v\u00eda oblicua para vaciar de contenido las excepciones a la falta de reciprocidad expresamente reconocidas por el legislador.<\/p>

Segundo<\/strong>, equiparaba \u00aban\u00e1logo\u00bb con \u00abid\u00e9ntico\u00bb en una lectura del t\u00e9rmino reglamentario que no resiste el m\u00e1s elemental an\u00e1lisis sistem\u00e1tico. Si el legislador hubiera querido exigir un IVA, lo habr\u00eda dicho. La elecci\u00f3n del adjetivo \u00aban\u00e1logo\u00bb responde precisamente a la voluntad de cubrir tributos indirectos de configuraci\u00f3n distinta \u2014GST canadiense, australiano o neozeland\u00e9s, JCT japon\u00e9s, impuesto sobre el consumo coreano, e incluso el propio sales tax<\/em> estadounidense\u2014 que comparten con el IVA su naturaleza de imposici\u00f3n indirecta sobre el consumo, aun cuando difieran en su mec\u00e1nica.<\/p>

Tercero<\/strong>, exig\u00eda al contribuyente una prueba diab\u00f3lica. La Administraci\u00f3n requer\u00eda un documento que en Estados Unidos sencillamente no se emite: ninguna autoridad federal o estatal certifica \u00abla sujeci\u00f3n al IVA o tributo an\u00e1logo\u00bb en los t\u00e9rminos en que lo expresa el art\u00edculo 31 bis RIVA. Imponer al solicitante la aportaci\u00f3n de una certificaci\u00f3n material y jur\u00eddicamente imposible es contrario al principio de proporcionalidad y al principio de eficacia del derecho a la devoluci\u00f3n, doctrina reiteradamente afirmada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea en relaci\u00f3n con la Decimotercera Directiva (Directiva 86\/560\/CEE, hoy refundida) y aplicable, mutatis mutandis<\/em>, al r\u00e9gimen interno de devoluci\u00f3n a no establecidos.<\/p>

Cuarto<\/strong>, y desde una perspectiva de t\u00e9cnica administrativa, un cambio de criterio interpretativo de esta magnitud debi\u00f3 articularse, como m\u00ednimo, mediante una resoluci\u00f3n del Departamento de Gesti\u00f3n Tributaria<\/strong> o una nota o instrucci\u00f3n publicada<\/strong> que motivase la nueva posici\u00f3n y permitiese al contribuyente conocer las reglas del juego. Aplicar de facto un criterio nuevo sobre solicitudes presentadas conforme al criterio anterior \u2014y, lo que es m\u00e1s grave, frente a entidades que hab\u00edan organizado su tesorer\u00eda contando con la admisi\u00f3n de sus solicitudes\u2014 vulnera los principios de seguridad jur\u00eddica, confianza leg\u00edtima y buena administraci\u00f3n a los que la propia Administraci\u00f3n tributaria est\u00e1 vinculada por mandato constitucional y legal.<\/p>

El nuevo criterio: el sales tax como tributo an\u00e1logo y los documentos exigibles<\/h2>

Recibido el informe de la Direcci\u00f3n General de Tributos<\/strong>, la ONGT ha adoptado en su informe complementario un criterio que rectifica sustancialmente la posici\u00f3n previa y al que conviene prestar atenci\u00f3n por sus implicaciones pr\u00e1cticas:<\/p>

Primero<\/strong>, se confirma con claridad que las entidades estadounidenses tienen derecho a la devoluci\u00f3n del IVA soportado en Espa\u00f1a, sin necesidad de acreditar reciprocidad, en relaci\u00f3n con las entregas de bienes y prestaciones de servicios contempladas en el ordinal 3.\u00ba del apartado uno del art\u00edculo 119 bis LIVA. La excepci\u00f3n legal a la reciprocidad no se ve alterada por la inexistencia de un IVA en EEUU.<\/p>

Segundo<\/strong>, y en lo que constituye el verdadero giro doctrinal, la Administraci\u00f3n abandona la interpretaci\u00f3n restrictiva que equiparaba \u00abtributo an\u00e1logo\u00bb con \u00abtributo id\u00e9ntico al IVA\u00bb. El informe asume \u2014correctamente y en lo que debi\u00f3 ser, desde el principio, la lectura natural del precepto\u2014 que el sales tax<\/em> estadounidense, aunque difiera del IVA en su mec\u00e1nica de repercusi\u00f3n y deducci\u00f3n, persigue gravar el acto de consumo por el consumidor final y, mediante el sistema del resale certificate<\/em>, garantiza la neutralidad para el empresario o profesional que adquiere los bienes o servicios en el ejercicio de su actividad. Se reconoce, en consecuencia, que el sales tax<\/em> opera como un tributo de naturaleza indirecta funcionalmente equivalente al IVA a los efectos del art\u00edculo 31 bis.1.d).3.\u00ba del Reglamento.<\/p>

Tercero<\/strong>, asumida esta equivalencia funcional, el informe articula una soluci\u00f3n pragm\u00e1tica para superar la imposibilidad material de obtener una \u00fanica certificaci\u00f3n \u2014dado que el sales tax<\/em> es un tributo exclusivamente estatal, sin competencia federal, y que el IRS carece de potestad para certificar el registro o cumplimiento en materia de sales tax<\/em>\u2014. La ONGT exige, en su lugar, la aportaci\u00f3n conjunta de dos documentos<\/strong>:<\/p>

  1. El documento o certificado emitido por el IRS<\/strong> que identifique al solicitante como contribuyente del Income tax<\/em> federal y en el que aparezca el c\u00f3digo de actividad econ\u00f3mica desarrollada durante el per\u00edodo al que se refiere la solicitud.<\/li>
  2. El Resale Certificate<\/strong> de alguno de los Estados federados en los que la entidad opere, acreditativo de su condici\u00f3n de empresario o profesional registrado a efectos del sales tax<\/em> (alternativamente, en su caso, un Multijurisdiction Sales Certificate<\/em> aceptado por el Estado correspondiente).<\/li><\/ol>

    La combinaci\u00f3n de ambos documentos satisface, a juicio de la Administraci\u00f3n, la finalidad probatoria perseguida por el art\u00edculo 31 bis.1.d).3.\u00ba RIVA: acreditar que el solicitante es un empresario o profesional sometido a un impuesto de naturaleza indirecta en su pa\u00eds de establecimiento durante el per\u00edodo en que se devengaron las cuotas cuya devoluci\u00f3n se solicita.<\/p>

    Consecuencias pr\u00e1cticas y recomendaciones<\/h2>

    El nuevo criterio supone, en la pr\u00e1ctica, el desbloqueo del r\u00e9gimen del art\u00edculo 119 bis LIVA para las entidades estadounidenses que cumplan los requisitos materiales de la devoluci\u00f3n y dispongan de la documentaci\u00f3n adecuada. Conviene, no obstante, tener presentes algunas cautelas:<\/p>

    La reciprocidad sigue sin existir<\/strong> entre Espa\u00f1a y EEUU con car\u00e1cter general, por lo que las entidades estadounidenses solo podr\u00e1n recuperar el IVA soportado en operaciones encuadradas en alguno de los supuestos del ordinal 3.\u00ba del art\u00edculo 119 bis Uno LIVA. Las cuotas soportadas en operaciones distintas \u2014por ejemplo, gastos de hosteler\u00eda o restauraci\u00f3n no vinculados a la asistencia a ferias o congresos, o adquisiciones generales de bienes y servicios para la actividad\u2014 contin\u00faan sin ser recuperables por esta v\u00eda.<\/p>

    El Resale Certificate<\/strong> debe corresponder a un Estado en el que la entidad efectivamente opere y debe estar vigente durante el per\u00edodo al que se refiera la solicitud de devoluci\u00f3n. Conviene, asimismo, anticipar que en algunos Estados federados estos certificados se emiten por per\u00edodos limitados y requieren renovaci\u00f3n peri\u00f3dica, por lo que habr\u00e1 que prever su obtenci\u00f3n antes de la presentaci\u00f3n de la solicitud y conservarlos en condiciones de ser aportados ante eventuales requerimientos.<\/p>

    El certificado del IRS al que se refiere el informe puede obtenerse, en la pr\u00e1ctica, mediante el Form 6166 (Certification of U.S. Tax Residency)<\/strong>, expedido por el IRS previa solicitud a trav\u00e9s del Form 8802 y previo pago de la tasa correspondiente. Aunque este documento se utiliza tradicionalmente para la aplicaci\u00f3n de convenios para evitar la doble imposici\u00f3n, su contenido cubre la finalidad probatoria que la ONGT exige: identificar al solicitante como contribuyente del Income tax<\/em> federal y reflejar su actividad econ\u00f3mica.<\/p>

    Las solicitudes ya denegadas<\/strong> durante el per\u00edodo de aplicaci\u00f3n del criterio restrictivo \u2014fundamentalmente, las presentadas a partir del verano de 2025\u2014 pueden, en su caso, ser objeto de recurso de reposici\u00f3n o reclamaci\u00f3n econ\u00f3mico-administrativa dentro de los plazos legales, invocando el nuevo criterio de la ONGT como motivo material de revisi\u00f3n. Asimismo, las entidades que hubieran desistido de presentar solicitudes en este per\u00edodo pueden valorar su reintroducci\u00f3n dentro del plazo del art\u00edculo 31 bis.4 RIVA (hasta el 30 de septiembre del a\u00f1o siguiente al per\u00edodo al que se refiera la solicitud). Quienes hayan sufrido el cambio de criterio sin haber recurrido en plazo, conviene que valoren con su asesor las v\u00edas de revisi\u00f3n disponibles \u2014incluida, en supuestos especialmente cualificados, la revisi\u00f3n de oficio\u2014, dado que se trata de un criterio aplicado al margen de cualquier publicaci\u00f3n administrativa.<\/p>

    Una reflexi\u00f3n final<\/h2>

    Este episodio ilustra dos cosas. La primera, evidente: que la Administraci\u00f3n tributaria conserva siempre la capacidad de revisar y rectificar sus propios criterios cuando el an\u00e1lisis t\u00e9cnico le obliga a hacerlo, y que el di\u00e1logo institucional con el sector profesional es una v\u00eda eficaz para reconducir interpretaciones desacertadas. La segunda, menos satisfactoria: que cambios de criterio aplicados de facto<\/em>, sin publicaci\u00f3n previa, sin motivaci\u00f3n p\u00fablica y sin advertencia al contribuyente, generan costes financieros, costes procedimentales y costes reputacionales que la propia Administraci\u00f3n no deber\u00eda estar dispuesta a asumir. La seguridad jur\u00eddica no es un principio ret\u00f3rico; es una exigencia operativa del sistema tributario y, cuando se descuida, los primeros perjudicados son siempre los contribuyentes que act\u00faan de buena fe.<\/p>

    En OC | Tax & Legal<\/strong> asesoramos a empresas extranjeras \u2014y, en particular, a grupos estadounidenses\u2014 en la planificaci\u00f3n y gesti\u00f3n de sus solicitudes de devoluci\u00f3n del IVA soportado en Espa\u00f1a, as\u00ed como en la defensa frente a denegaciones administrativas, asegurando el correcto encaje documental y procedimental conforme al nuevo criterio de la ONGT y a la normativa espa\u00f1ola e internacional aplicable.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Informe complementario de la Oficina Nacional de Gesti\u00f3n Tributaria de 28 de abril de 2026 (puede consultarse aqu\u00ed). 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