{"id":4899,"date":"2026-04-16T12:24:20","date_gmt":"2026-04-16T10:24:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ocasesores.es\/?p=4899"},"modified":"2026-04-16T12:24:20","modified_gmt":"2026-04-16T10:24:20","slug":"el-tribunal-supremo-flexibiliza-el-requisito-del-empleado-en-sociedades-arrendadoras-de-grupos-familiares-un-avance-con-matices","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ocasesores.es\/en\/el-tribunal-supremo-flexibiliza-el-requisito-del-empleado-en-sociedades-arrendadoras-de-grupos-familiares-un-avance-con-matices\/","title":{"rendered":"El Tribunal Supremo flexibiliza el requisito del empleado en sociedades arrendadoras de grupos familiares: un avance con matices"},"content":{"rendered":"\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\tFrancisco Aguirre\t\t\t\t\t\t<\/h4>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
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Socio director - Departamento Fiscal<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Sentencias del Tribunal Supremo 637\/2026, de 17 de febrero (rec. 1196\/2024), 640\/2026, de 19 de febrero (rec. 1326\/2024), y 874\/2026, de 20 de febrero<\/em>.<\/p>

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Una de las cuestiones m\u00e1s recurrentes en la planificaci\u00f3n fiscal de la empresa familiar es la relativa al requisito del empleado a jornada completa previsto en el art\u00edculo 27.2 de la LIRPF<\/a> para que el arrendamiento de inmuebles sea considerado actividad econ\u00f3mica. Este requisito resulta determinante a efectos de la exenci\u00f3n en el Impuesto sobre el Patrimonio (art. 4.Ocho.Dos LIP)<\/a> y de la reducci\u00f3n del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 20.6 LISD)<\/a>, dos pilares sobre los que descansa buena parte de la fiscalidad favorable a la transmisi\u00f3n de la empresa familiar.<\/p>

El Tribunal Supremo, en tres sentencias dictadas en febrero de 2026 \u2014STS 167\/2026, de 17 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:637, rec. 1196\/2024), STS 186\/2026, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:640, rec. 1326\/2024), y STS 874\/2026, de 20 de febrero\u2014, ha dado un paso relevante al admitir que el requisito del empleado puede entenderse cumplido cuando el trabajador est\u00e1 contratado por otra sociedad del grupo, y no necesariamente por la sociedad arrendadora. Sin embargo, como veremos, la doctrina fijada introduce un condicionante \u2014la \u201cintegraci\u00f3n funcional\u201d\u2014 cuya delimitaci\u00f3n pr\u00e1ctica dista de ser clara.<\/p>

El supuesto de hecho: un grupo familiar agr\u00edcola<\/h2>

Las tres sentencias resuelven el mismo caso. En diciembre de 2014, un matrimonio don\u00f3 a sus hijos participaciones de ABM Corporaci\u00f3n Empresarial, S.L., sociedad holding de un grupo familiar dedicado al sector agr\u00edcola. Una de las filiales del grupo, Microbell, S.L., se dedicaba al arrendamiento de fincas r\u00fasticas sin disponer de empleados propios, pero la gesti\u00f3n de dichos arrendamientos se realizaba mediante los medios personales y materiales del conjunto del grupo, que contaba con departamentos administrativos, t\u00e9cnicos y financieros, personal a jornada completa y medios compartidos entre varias sociedades.<\/p>

La Administraci\u00f3n tributaria de Murcia neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la reducci\u00f3n del art\u00edculo 20.6 LISD respecto de las participaciones en Microbell, al considerar que esta no realizaba actividad econ\u00f3mica por incumplir el requisito del empleado. La consecuencia fue una reducci\u00f3n proporcional del alcance de la exenci\u00f3n \u2014del 100% al 74,67%\u2014 al computar como activo no afecto la participaci\u00f3n de la holding en la arrendadora. Tanto el TEAR de Murcia como el TSJ de Murcia confirmaron la liquidaci\u00f3n, sosteniendo que el requisito del art\u00edculo 27.2 LIRPF deb\u00eda cumplirse en cada sociedad de forma aislada.<\/p>

La doctrina del Tribunal Supremo: apertura condicionada<\/h2>

El Tribunal Supremo casa las sentencias de instancia y fija una doctrina que, en una primera lectura, parece inequ\u00edvocamente favorable al contribuyente: cuando la entidad arrendadora pertenece a un grupo de sociedades del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo de Comercio<\/a> y del art\u00edculo 5.1 de la LIS<\/a>, y la ordenaci\u00f3n del arrendamiento se realiza con medios personales y materiales del grupo \u2014aunque est\u00e9n centralizados en otras compa\u00f1\u00edas\u2014, debe considerarse cumplido el requisito del empleado a jornada completa.<\/p>

No obstante, el Alto Tribunal introduce inmediatamente una condici\u00f3n que constituye la verdadera clave de la sentencia: este criterio solo opera cuando la realidad econ\u00f3mico-funcional del grupo permita constatar que existe una unidad de medios y de actividad a nivel de grupo y que la sociedad arrendadora est\u00e9 integrada funcionalmente en esa actividad<\/strong>. Es decir, que la arrendadora sirva<\/em> a la actividad econ\u00f3mica del grupo, y no que simplemente use<\/em> sus medios.<\/p>

La contrapartida es igualmente expl\u00edcita: el criterio no aplica cuando solo existe una pertenencia formal al grupo, sin articulaci\u00f3n e integraci\u00f3n funcional y econ\u00f3mica de la actividad de arrendamiento con la del resto de empresas. En tal caso, los requisitos del art\u00edculo 27.2 LIRPF deben acreditarse de forma aislada en la propia sociedad arrendadora.<\/p>

El caso concreto ayuda a entender la doctrina; el problema es extrapolarla<\/h2>

El supuesto resuelto por el Tribunal Supremo es particularmente favorable para ilustrar qu\u00e9 entiende el Tribunal por \u201cintegraci\u00f3n funcional\u201d. ABM Corporaci\u00f3n Empresarial es un grupo dedicado al sector agr\u00edcola en el que Microbell arrendaba fincas r\u00fasticas bajo contratos que impon\u00edan a los arrendatarios obligaciones complejas vinculadas a otras sociedades del grupo: una cobraba el canon de agua, otra suministraba las semillas, y una tercera aportaba los t\u00e9cnicos y peones de riego. El arrendamiento no era una actividad aislada que una filial realizaba al margen del grupo, sino un engranaje m\u00e1s \u2014esencial\u2014 de la cadena productiva agr\u00edcola del conjunto.<\/p>

La dificultad surge al intentar trasladar esta doctrina a las estructuras holding m\u00e1s habituales en la empresa familiar espa\u00f1ola. Pensemos en un grupo cuya actividad principal es la fabricaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de productos industriales, pero una de cuyas filiales es tenedora de inmuebles no relacionados con esa actividad y los arrienda a terceros. \u00bfPodr\u00eda entenderse cumplido el requisito del empleado por el personal contratado en las sociedades industriales? La respuesta, a la luz de la argumentaci\u00f3n del Tribunal, parece negativa: la actividad arrendadora no estar\u00eda integrada funcionalmente en la actividad econ\u00f3mica del grupo, sino que simplemente \u201cusar\u00eda sus medios\u201d.<\/p>

\u00bfQu\u00e9 ocurre con los grupos inmobiliarios?<\/h2>

Un escenario intermedio, y probablemente el m\u00e1s relevante en la pr\u00e1ctica, es el del grupo de sociedades cuya actividad econ\u00f3mica principal es precisamente la actividad inmobiliaria: una holding mixta que presta servicios a sus filiales, con varias filiales dedicadas respectivamente al arrendamiento de viviendas, de locales comerciales, al arrendamiento tur\u00edstico y a la compraventa de inmuebles. \u00bfPodr\u00eda centralizarse el personal en la holding y entender cumplido el requisito del empleado para todas las filiales?<\/p>

No es posible dar una respuesta categ\u00f3rica. Sin embargo, si atendemos a una interpretaci\u00f3n finalista \u2014que es la que el propio Tribunal Supremo ha venido favoreciendo en esta materia, conectada con la Recomendaci\u00f3n 94\/1069\/CE de la Comisi\u00f3n Europea<\/a> sobre transmisi\u00f3n de peque\u00f1as y medianas empresas\u2014, siempre que el grupo desarrolle una actividad inmobiliaria conjunta y unificada, con una verdadera unidad de medios y de actividad, deber\u00eda poder cumplirse el requisito del empleado a nivel de grupo. La realidad econ\u00f3mico-funcional del grupo estar\u00eda permitiendo constatar esa unidad, aunque la actividad sea arrendadora o de servicios inmobiliarios.<\/p>

El contraste con la posici\u00f3n de la DGT<\/h2>

Conviene tener presente que la Direcci\u00f3n General de Tributos ha venido manteniendo un criterio significativamente m\u00e1s restrictivo. En la Consulta V1184-25, de 1 de julio de 2025, la DGT concluy\u00f3 que para que las participaciones en las filiales arrendadoras no se computen como valores a efectos de la exenci\u00f3n del IP, cada entidad arrendadora debe cumplir de manera independiente el requisito del empleado, sin que quepa entenderlo satisfecho por la centralizaci\u00f3n de personal en otra sociedad del grupo.<\/p>

Este criterio ha sido sostenido con anterioridad en m\u00faltiples consultas (V0638-13, V0953-17, V2513-18, entre otras), as\u00ed como por resoluciones del TEAC de 30 de junio de 2010 y 23 de marzo de 2011. Es previsible que, pese a la nueva doctrina del Tribunal Supremo, la Administraci\u00f3n se apoye en la matizaci\u00f3n de la \u201cintegraci\u00f3n funcional\u201d para continuar exigiendo el cumplimiento individualizado en la mayor\u00eda de supuestos, invocando que no concurre la articulaci\u00f3n econ\u00f3mica requerida por el Alto Tribunal.<\/p>

La sentencia de 14 de julio de 2025 como antecedente complementario<\/h2>

Estas sentencias de febrero de 2026 no se producen en el vac\u00edo, sino que se insertan en una l\u00ednea jurisprudencial que viene flexibilizando progresivamente el tratamiento del requisito del empleado. En su Sentencia de 14 de julio de 2025 (STS 956\/2025, ECLI:ES:TS:2025:3472, rec. 2197\/2023), el Tribunal Supremo ya hab\u00eda se\u00f1alado que basta con acreditar el cumplimiento formal del requisito del art\u00edculo 27.2 LIRPF, sin que la Administraci\u00f3n pueda exigir adem\u00e1s una justificaci\u00f3n de la necesidad econ\u00f3mica de la contrataci\u00f3n. Es decir, no cabe un juicio de \u201crazonabilidad\u201d sobre si el volumen de la actividad arrendadora justifica o no tener un empleado: si lo tiene, el requisito se cumple.<\/p>

La combinaci\u00f3n de ambas l\u00edneas \u2014la de julio de 2025, que impide cuestionar la necesidad del empleado, y la de febrero de 2026, que permite su cumplimiento a nivel de grupo\u2014 configura un panorama m\u00e1s favorable para la empresa familiar, aunque con contornos que a\u00fan est\u00e1n por definirse.<\/p>

Recomendaciones pr\u00e1cticas<\/h2>

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo representa un avance positivo, pero su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica exige cautela. Las familias empresarias con estructuras holding que incluyan sociedades arrendadoras sin empleados propios deber\u00edan, en primer lugar, analizar si su estructura permite acreditar la integraci\u00f3n funcional que exige el Tribunal: no basta con que exista un grupo formal, sino que es necesario documentar que la actividad arrendadora forma parte de la actividad econ\u00f3mica conjunta del grupo y que los medios personales y materiales del grupo se aplican efectivamente a la gesti\u00f3n del arrendamiento.<\/p>

En segundo lugar, conviene revisar y, en su caso, formalizar los acuerdos de prestaci\u00f3n de servicios intragrupo, acreditando las funciones que el personal de otras sociedades del grupo desempe\u00f1a en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de los inmuebles arrendados. La carga de la prueba de la integraci\u00f3n funcional recae sobre el contribuyente, como se infiere del razonamiento del Tribunal.<\/p>

Por \u00faltimo, para aquellos supuestos en los que la integraci\u00f3n funcional resulte dudosa \u2014grupos con actividades heterog\u00e9neas en los que la actividad arrendadora no guarde conexi\u00f3n directa con la actividad principal\u2014, la opci\u00f3n m\u00e1s prudente sigue siendo mantener el cumplimiento individual del requisito del empleado en cada sociedad arrendadora, al menos hasta que la doctrina jurisprudencial y la pr\u00e1ctica administrativa precisen mejor los contornos de la integraci\u00f3n funcional.<\/p>

Conclusi\u00f3n<\/h2>

El Tribunal Supremo ha dado un paso en la buena direcci\u00f3n al abandonar la interpretaci\u00f3n estrictamente literal y formalista del requisito del empleado en el contexto de los grupos de sociedades, priorizando la realidad econ\u00f3mica frente al formalismo. No obstante, la condici\u00f3n de integraci\u00f3n funcional que introduce como requisito deja abiertas numerosas inc\u00f3gnitas cuya resoluci\u00f3n depender\u00e1 de la evoluci\u00f3n de la pr\u00e1ctica administrativa y de futuros pronunciamientos judiciales. En cualquier caso, el derecho fiscal no puede \u2014ni debe\u2014 ignorar la realidad econ\u00f3mica ni imponer a las empresas familiares la forma en que organizan sus medios personales y materiales cuando efectivamente realizan una actividad econ\u00f3mica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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